ARTICLES Sobre el Foro Babel

LA VANGUARDIA, 20/03/98

A vueltas con el Foro Babel

Con la venia del lector, quisiera referirme de nuevo a la polémica desatada en este periódico entre el señor Albert Manent y Francesc de Carreras, conspicuo representante del ahora ya famoso Foro Babel. Mi propósito, para tranquilidad del lector, no es discutir una vez más si los miembros del susodicho foro son anticatalanistas o no; lo que me propongo en este artículo es glosar brevemente una afirmación de Francesc de Carreras ("El Fòrum Babel", "La Vanguardia", 14 de enero) que ha pasado inadvertida en la polémica, pero que, según mi parecer, reviste una gravedad definitiva. Dice Francesc de Carreras: "Respecto de determinadas materias que afectan a ciertas visiones de nuestra identidad colectiva parece que el pensamiento y la opinión no deban ser libres, sino que una invisible y sigilosa censura, 'cual macarthysmo a la catalana', se haya instalado en nuestra sociedad". ¿Por qué es grave afirmar esto? Vayamos por partes: puede ser que al hacer esta afirmación Francesc de Carreras esté en lo cierto o que no lo esté.

Si estuviera en lo cierto, la afirmación sería grave, porque el macarthysmo, en cualquiera de sus manifestaciones, es simplemente inaceptable. Pero si Francesc de Carreras no estuviera en lo cierto, la afirmación no sería menos preocupante.

¿Por qué razón Francesc de Carreras habría de confundirnos postulando un macarthysmo inexistente? Aquí hay que distinguir dos posibilidades: puede ser que Francesc de Carreras tenga buena fe o que no la tenga.

Si tuviera buena fe, quizás obraría por autosugestión: en el rechazo que suscitan sus ideas en una opinión pública más libre de lo que parece, él creería ver los manejos de una censura organizada.

Si, en cambio, tuviera mala fe, postularía el macarthysmo a sabiendas de que no hay censura, con el fin declarado de desvirtuar el debate.
¿Cómo resolver estos dilemas? El primero es el más fácil: Francesc de Carreras "no" está en lo cierto. Para sostener este punto nos puede servir la acreditada técnica de la reducción al absurdo: si viviéramos bajo el macarthysmo, Francesc de Carreras no sería catedrático de una universidad pública, ni miembro del Consell Consultiu.

Para empezar, ni siquiera le dejarían escribir en "La Vanguardia", ¡faltaría más que un disidente de su calibre publicara sus heterodoxos escritos en el diario de mayor circulación de Cataluña! Entre los miembros del foro no abundan los que hayan perdido últimamente su empleo, y no se sabe de ninguno que no pueda publicar en los medios (¡Félix de Azúa o Eduardo Mendoza incluso escriben en el diario "Avui"!).

Naturalmente, Francesc de Carreras siempre podría replicar que el macarthysmo no osa enfrentarse a las figuras consagradas, pero que actúa sin piedad entre los autores que empiezan.

Si el lector me permite personalizar por un instante, me gustaría manifestar que soy un autor novel que ha dedicado una buena parte de su último libro a defender una visión irremediablemente desviacionista de los principios ideológicos que debieran orientar la política lingüística que se practica en Cataluña.

Pues bien: a pesar de semejante atrevimiento, siento comunicar al señor De Carreras que hasta la fecha no he recibido ninguna llamada telefónica a medianoche, ni he sido convocado a declarar ante ningún oscuro comité; por lo demás, tengo fundadas esperanzas de que mi actual contrato como profesor de la Universitat Autònoma de Barcelona, aunque no es especialmente jugoso, sea puntualmente renovado en su debido momento.
Pasemos, pues, al segundo dilema: si Francesc de Carreras postula un macarthysmo que propiamente no existe, ¿lo hace por error o llevado por la mala fe? No me voy a pronunciar sobre esto; sea lo que sea, lo que sí que me parece claro es que no es serio invitar a todo el mundo al debate para sostener acto seguido que algunos de los invitados practican el macarthysmo.

En un libro ya antiguo, que he descubierto recientemente, Anatol Rapoport estableció una interesante distinción entre "combates", "juegos" y "debates", según si los contendientes persiguen dañar, vencer o convencer a su adversario, respectivamente. Creo que deberíamos aclarar si la labor de los intelectuales, no sólo respecto a la lengua sino respecto al mismo futuro político de Cataluña, debe ser un combate, un juego o un debate. En un sistema político basado en elecciones competitivas, y donde cada cual tiene sus afinidades partidistas, no es fácil evitar que el debate se convierta en un juego o, peor todavía, en un combate. Pero no deberíamos descartar el debate como objetivo. Y una de las premisas del debate es que nadie debe quedar descalificado de entrada (a menos, claro está, que haya optado por echarse al monte).

La cita de Popper con que el filósofo Josep Maria Terricabras adorna su último libro debería figurar en el pórtico de todos los foros: "Puede ser que tú tengas razón; yo podría estar equivocado".

El Fòrum Babel

Hace unos días apareció en estas páginas el artículo "Posesos del anticatalanismo", de su habitual colaborador Albert Manent, sobre el grupo de opinión Fòrum Babel y algunos de sus miembros.

En Cartas de los Lectores ya ha habido referencias a dicho artículo, y su contenido no merecería ningún comentario de fondo si no fuera porque --con una clara mala intención y tergiversando la verdad-- atribuye al Fòrum Babel un anticatalanismo y una preocupación por la defensa del castellano, supuestamente amenazado por el catalán, que nada tienen que ver con lo que públicamente este grupo de opinión ha manifestado.
Los problemas que preocupan a Babel y que ha comenzado a exponer en los últimos meses son otros muy distintos.

Antes que por la lengua, las preocupaciones del Fòrum se centran sobre todo en la posible contradicción existente entre el concepto de democracia y determinadas versiones de la llamada identidad nacional de Cataluña, contradicción que se pone claramente de manifiesto en el artículo de Manent.

Un pueblo o, si se quiere, una nación, por ejemplo Cataluña, no debe ser otra cosa que una "sociedad de personas libres", y en esta sociedad el titular de los derechos no es el pueblo, sino las personas que allí conviven, cuyas relaciones están reguladas por las leyes, nunca por las ideologías.

No hay, por tanto, catalanes buenos y catalanes malos --o "anticatalanes"-- por razón de las ideas: hay, simplemente, ciudadanos de Cataluña con opiniones distintas. El mal ciudadano --"el mal catalán", quizá podríamos llamarle-- es únicamente aquel que incumple las leyes legítimas, nunca aquel que disiente, por convicción y razonadamente, de una determinada ideología, por dominante que sea.

Sin embargo, respecto de determinadas materias que afectan a ciertas visiones de nuestra identidad colectiva parece que el pensamiento y la opinión no deban ser libres, sino que una invisible y sigilosa censura, cual macarthysmo a la catalana, se haya instalado en nuestra sociedad. No todo se puede decir, sino sólo lo considerado políticamente correcto: en otro caso, uno no encuentra el diálogo desde posiciones distintas, sino únicamente el puro insulto, sin razones ni argumentos. Tal comportamiento vicia la vida FRANCESC DE CARRERAS, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB y miembro del Fòrum Babel democrática, asusta a muchos ciudadanos y los inhibe de las tareas colectivas.

Nuestra preocupación por esta insuficiencia democrática se pone de manifiesto en dos puntos concretos que afectan a la identidad. Primero, preocupa a Fòrum Babel que los sentimientos de identidad sean convertidos en ideologías políticas y que las señas de identidad de una parte de la sociedad puedan ser consideradas como las únicas legítimas y propias y, cualquier otra como impropia y foránea y, por tanto, ilegítima.

Segundo, preocupa también que la ideología nacionalista --que respetamos pero no compartimos-- pueda ser elevada a la categoría de ideología oficial de nuestras instituciones políticas y que esta pueda invadir, incluso, sectores de la actividad privada de los ciudadanos.
Estas preocupaciones de fondo condujeron al Fòrum Babel a elaborar en marzo pasado un documento sobre política lingüística basado en los siguientes principios básicos.

En primer lugar, hay que partir de que Cataluña es socialmente bilingüe, se trata de una sociedad en la que se habla de modo indistinto el catalán y el castellano.

Sobre esta base social, una política lingüística adecuada debe tener como finalidad pasar de este bilingüismo social a un bilingüismo individual todavía no plenamente logrado: todos los ciudadanos debemos saber expresarnos correcta mente en las dos lenguas y tenemos igual derecho a usar tanto la una como la otra.

Ahora bien, para lograr esta finalidad, el grado de conocimiento de las dos lenguas debe ser similar, y para ello es fundamental que la educación sea bilingüe.

Sin embargo, esta similitud en el nivel de conocimiento de las dos lenguas no puede ser inmediata, sino que se debe dejar transcurrir un cierto tiempo hasta que a todos se les pueda demandar, en condiciones de igualdad, su conocimiento. En los veinte últimos años, el grado de aproximación ha sido muy notable, como constatan las estadísticas.

Pero es obvio que no puede exigirse lo mismo a los estudiantes que han pasado por la escuela en estos años que a aquellos que lo hicieron en épocas en las que no se enseñaba catalán.

Sólo el transcurso del tiempo necesario permitirá la completa exigencia de un bilingüismo individual perfecto, es decir, la igualmente correcta expresión en los dos idiomas.

En segundo lugar, es muy posible que, aun conociendo bien las dos lenguas, tienda cada individuo a usar una más que otra. Esta opción personal debe ser hecha con total libertad, pertenece a la libre autodeterminación de cada individuo y los poderes públicos no están legitimados para imponer una concreta lengua de uso en las relaciones entre particulares, sean éstas privadas, mercantiles, laborales o de cualquier otro tipo.

En tercer lugar, el catalán debe recibir un trato especial por su condición de lengua minoritaria. A nivel europeo, el catalán tiene una dimensión social importante --equivale a la del danés, el sueco o el noruego--, pero frente a las grandes lenguas en expansión, como es el caso del castellano, tiene una obvia debilidad estructural y necesita, por tanto, medidas de protección. Pero estas medidas no deben afectar al derecho de libre opción lingüística, sino que deben ser medidas de ayuda y fomento a los bienes culturales de expresión catalana (libro, cine, teatro, medios de comunicación, etcétera) para que sea tan accesible la cultura en castellano como en catalán.

No nos cabe ninguna duda de que toda pretendida ayuda que limite la libre ocpión ligüística de los ciudadanos y prescriba el uso obligatorio del catalán acabrá perjudicándolo.

La política lingüística de los últimos años, culminada en la ley que entrará en vigor los próximos días, sustitutiva de la buena ley de 1983, tiende claramente a un monolingüismo oficial que choca con la realidad bilingüe de nuestra sociedad. Ello crea un distanciamiento de los ciudadanos respecto de las instituciones que puede llegar a configurar una peligrosa fractura que dé lugar a dos sociedades crecientemente alejadas: la Cataluña oficial y la Cataluña real.

Por otro lado, la opción monolingüe, confesada o no, dilapida una riqueza que, afortunadamente, tenemos al alcance de la mano: el bilingüismo. En efecto, el poder aprender de forma natural dos lenguas, tanto en la escuela como en la familia o en la calle, supone una gran ventaja respecto a países o zonas monolingües, a cuyos habitantes les es especialmente dificultoso el aprendizaje de otros idiomas, hoy tan necesarios. Por fortuna, Cataluña es socialmente bilingüe y no aprovechar este patrimonio sería un acto absurdo e insensato.

En el Fòrum Babel inquietan estas y otras muchas cuestiones. Previo debate, al que todos están invitados, seguirá exponiéndolas de forma razonada con el afán de contribuir a que exista en Cataluña, como expresión de la sociedad civil, una verdadera opinión pública libre.

Precisamente, lo que impulsó a la creación del Fòrum Babel fue constatar la dificultad de decir en público cuestiones muy problemáticas que se comentaban apasionadamente en privado. Estamos en una sociedad libre y queremos ejercer los derechos que ampara nuestra Constitución a la vez que, por supuesto, respetar los derechos de los demás. Nunca consideraremos anticatalán a quien, como Albert Manent, no comulgue con nuestras ideas. Tampoco, por supuesto, nunca lo insultaremos, incluso aunque él lo haga.

Foro Babel y sus antecedentes

Mi artículo "Posesos del anticatalanismo" ha levantado mucha polvareda y algunos lectores han criticado mis imágenes o metáforas referidas a los líderes de Babel. Sólo un lector se ha dado cuenta de que yo ensayaba un género literario: una especie de hiperbolismo irónico, que no tiene nada que ver con los supuestos insultos.

Vidal-Quadras respondió a mi artículo con otro, "El conjuro del exorcista" ("El País", 16 enero), donde, tomando como pretexto el mío, repite su retahíla de agravios, no contesta mis argumentos y, eso sí, hace un gran elogio de los líderes de Foro Babel (o Fòrum Babel, como firman ahora).

De todos es conocida la trayectoria de don Alejo, y sus soflamas sólo provocan en mí, a lo más, una leve sonrisa.
Francesc de Carreras ha escrito otro artículo de guante blanco, "Fòrum Babel" ("La Vanguardia", 14 de enero), donde niega que el grupo sea anticatalanista y que afirmen que el castellano está amenazado.

Pero conviene retrotraernos a las fuentes y examinar los manifiestos de Foro Babel y algunos artículos de los dos ideólogos del grupo (Carreras y Trias) porque dan la verdadera clave de su anticatalanismo y de su belicosidad contra la normalización lingüística.

El 30 de abril de 1997 Foro Babel lanzaba un manifiesto donde decía que, superada la excepcionalidad en que vivió el catalán durante el franquismo (no usan la palabra persecución, que es la adecuada), se oponía a que se confundiera "lengua propia" con "lengua preferente", cuando creo que es lo mínimo que hay que pedir para ir superando la "excepcionalidad".

Subraya la existencia de un bilingüismo social, el cual, yo añadiría, practican casi sólo los catalanohablantes. Y se oponía al hecho de que "los poderes públicos" puedan legislar en cuestiones lingüísticas dentro de la vida laboral y económica.

Por lo visto este principio sólo reza para Cataluña, pero el Gobierno español puede imponer por decreto el uso exclusivo del castellano en donde sea de dichos ámbitos.
También Babel exigía el cambio de proporción de las lenguas vehiculares en la escuela, donde, por razones que provienen del intento franquista de genocidio, predomina el catalán, pero al final el conocimiento de ambas lenguas se iguala.

Si en Puerto Rico los "babélicos" consideran normal que los funcionarios sepan bien el castellano, en Cataluña no les queda tan claro. En el manifiesto del 27 de septiembre, Foro Babel enseña ya las cartas. He aquí algunos enunciados, extraídos de la prensa: "Discrepancia rotunda con la totalidad del texto propuesto por la nueva ley lingüística", "imposición coactiva de la lengua catalana", "actitud xenófoba y reaccionaria, producto de un nacionalismo esencialista" y "amenaza para la convivencia, el respeto mutuo y los derechos individuales".

Finalmente, Babel negaba que el texto tuviera "consenso social". Ya hemos visto cómo las reacciones a la aprobación de la ley han sido de los de siempre: "cadecos", "babélicos", vidalquadristas, etcétera.

Por otra parte, Foro Babel olvida que la normalización lingüística no es una manía de CiU, sino un mandato del estatuto catalán, como ha recordado recientemente Albert Branchadell en "El País" (13 enero) y en su irrebatible libro "Liberalisme i normalització lingüística".

Trias acusa al PSC de "entregarse a precio de calderilla a un siniestro pacto lingüístico" ("El Mundo", 20/XI/97). Por culpa de CiU, escribe, Barcelona es casi una ciudad muerta y, en cambio, era muy viva en la época de las bombas de fin de siglo y de Lerroux, en los años sesenta y en el periodo Tarradellas ("El Mundo", 27/II/95). ¿Caben mayores dislates surrealistas? ¿No tendré razón si repito que vive en un "inalcanzable Olimpo"? Para Trias el hecho diferencial no existe, sino sólo cada persona individual, y condena que el catalanismo (¿y los demás pueblos?) convierta "en verdadera sustancia" la lengua o la etnia ("El Mundo", 24/X/97). Él debe ser ciudadano del mundo.

El catalanismo, que él llama esencialista, es retrógrado (24/X/97). Y el españolismo radical de Vidal-Quadras y de Guerra debe ser progresista. Para Trias, los nacionalistas que gobiernan Cataluña son una "mafia" y tienen "caracteres de Cosa Nostra" ("El Mundo", 25/IX/97).

Esta grave afirmación no constituye un hiperbolismo, sino que es perseguible judicialmente. Trias ha emprendido una cruzada contra el nacionalismo catalán y la normalización de la lengua, y por su mentalidad, no por su estilo, me recuerda el libro del canónigo Castro Albarrán, "Guerra santa" (Burgos, 1938), que defendía el Alzamiento Nacional con argumentos teológico-españolistas.
No le va a la zaga F. de Carreras.

Así en un artículo ("El País", 11/XII/91) calificaba de "residual y esencialista" el derecho civil catalán. En otro ("El País", 21/IX/96) confiesa "aceptar complacido y ser un honor" (sic) entregar personalmente un premio en homenaje a Vidal-Quadras porque su actitud le parece "encomiable, valiente y enormemente sana para la política catalana".

En un tercero ("El País", julio 1997) se burla de la nación catalana y cree que, si ya existe, no hace falta trabajar por la "reconstrucción nacional".
Aparte de un españolismo acendrado y que tiene como referente místico la Cibeles, los líderes de Foro Babel no han "digerido" que en 1980 ganara las elecciones Pujol, al que creían un "botigueret" inculto y resulta que es culto, políglota e incluso valorado en Europa.

Por eso lo han convertido en un Belcebú "made in Catalonia". Pero hay que subrayar que muchos castellanohablantes, venidos de otras tierras españolas, han asumido mucha más catalanidad que los ideólogos de Foro Babel.

Mi artículo desenmascaró "nominatum" a los "intocables". He recibido muchas llamadas y cartas que claman: "¡Ya era hora!". Babélicos y vidalquadristas, repito, se han homologado y el Foro, como ha escrito Josep Ramoneda, tiene la "incomodidad de verse representado por el PP".

Pero ni sus cruzadas ni sus llamadas apocalípticas podrán romper la convivencia de una Cataluña plural en la que se vertebran desde hace siglos gentes de muy diversa procedencia, como ya lo señaló el maestro J. Vicens i Vives.

Posesos del anticatalanismo

La ley de normalización lingüística de 1983 levantó la polvareda del "Manifiesto" de unos supuestos intelectuales españolistas. La ley de 1997 ha hecho cristalizar otro colectivo, formado especialmente por escritores, periodistas y cómicos de la lengua.

Foro Babel ha coincidido con la cruzada personal de Alejo Vidal-Quadras, un hidalgo español que lleva a sus hijos al Liceo Francés.
La cantilena de Babel y don Alejo es la misma: el castellano está amenazado por el catalán.

Pero resulta que, en los quioscos, el noventa y cinco por ciento de lo que se exhibe es en castellano y esos privilegiados escritores disponen de los mejores periódicos, empezando por el sacrosanto "ABC", las mejores editoriales y radios y televisiones en toda España.

En 1939 el catalán, por orden del bando militar de ocupación, fue reducido al uso familiar. Ahora los "babélicos" pueden usar el castellano donde quieran y puede suceder que algunas administraciones les contesten en catalán, lo que por ellos debería ser considerado "bilingüismo bien entendido".

Los que derraman más lágrimas de cocodrilo por el castellano, en trance de fallecer en Cataluña, son Victoria Camps, quien, envuelta en el quimono de seda de la ética, esconde un acendrado anticatalanismo, desmintiendo a su padre, viejo catalanista; F. de Carreras, que no hace honor ni al nombre de su padre, albacea de Cambó, ni al Consell Consultiu; Eugenio Trías, quien, desde el inalcanzable Olimpo, contempla a los pigmeos de la región provinciana.

Últimamente ha aparecido un artículo venenoso de Ana María Moix, "Leyes socialmente peligrosas" ("El País", 30/XII/1997), porque, según ella, es casi una ley de "vagos y maleantes", afirma que será motivo "de división y de discordia" y cree que los castellanohablantes ya no aprenden el catalán y que antes lo hacían por cortesía cultural, ignorando que representa un deseo de integración o de promoción social porque Cataluña es el país de sus hijos.

Fue el franquismo especulativo el culpable de crear guetos urbanos donde el catalán, sin medios y prohibido en la escuela, penetraba poco. Claro que los de Babel, por elitistas, no van a Nou Barris o a Cornellà y Santa Coloma a predicar sus profecías apocalípticas, mendaces o sarcásticas. Su "discurso" no es compartido por los que viven en el área metropolitana.

Pero sin duda don Alejandro Lerroux hubiera bendecido la cruzada de los cofrades del Foro Babel y de don Alejo. Es sabido que la lengua catalana aspira a recuperar por lo menos el estatus que tenía en 1936. Y eso Moix y los suyos no lo desean.

Con un sarcasmo indigno, doña Ana María se pregunta por qué, en vez de la lengua, la Generalitat no protege la industria del automóvil o las "avellanas del Penedès" (sic). Tampoco sabe que el sesudo "Le Monde" tenía una sección que se titulaba "En defensa de la lengua francesa".

Al Foro Babel y al vidalquadrismo no les "duele España" metafísicamente, como a don Miguel de Unamuno, sino tener que renunciar a la España eterna del férreo unitarismo. Y tienen la fortuna de contar con "compañeros de viaje" en la prensa barcelonesa y con voceros y rendidos admiradores en la de Madrid y provincias.

Se explica que algunos "babélicos" por la noche tengan pesadillas y sueñan con Macià, Prat de la Riba e incluso Pujol, la hidra del nacionalismo devorador. Y alguno, más ducho en historia, sufre las apariciones del general Moragas, Bach de Roda o Carrasclet.

¿A qué viene tanta hipócrita algarabía, tanta proclama de desobediencia civil? Si estuvieran en Flandes, don Alejo y sus "babélicos", integrados en el mismo redil y aplaudidos por el sector duro y levemente posfranquista del PP, hubieran emigrado. Leo en un buen trabajo del Institut d'Estudis Autonòmics que allí el neerlandés es única lengua oficial y que las radios sólo pueden emitir en dicha lengua.

Por otra parte, excepto en justicia y ejército, cada región autonómica regula el uso de la lengua que prima dentro del territorio en la enseñanza y en las relaciones entre los empresarios y su personal y el etiquetaje es, por lo menos, en neerlandés. Pero las escuelas privadas en francés no reciben subvención ni tienen títulos homologados. ¿Quién en la comunidad europea ha puesto en entredicho estas disposiciones?

El "daimon" de don Alejo y el del Foro Babel son gemelos. Por ello han atacado tan duramente al PSC y a Iniciativa per Catalunya por haber votado la ley, tan mansa desde el punto de vista del catalanismo. La antigua "gauche divine" y lo que J. V. Foix llamaba irónicamente la "droite diabolique" se han homologado en su anticatalanismo.

Pero al pasar un peligroso Rubicón queda claro dónde se ubican. Oficiantes del autoodio --¿cuánta semilla por germinar dejó el general Franco?--, por lo menos Moix, Trías, Camps y Carreras son candidatos seguros a presidir algún "instituto Cervantes" que lucha legítimamente por expandir y defender el castellano en el mundo. Por lo visto, para el catalán hay otra medida y debe seguir en un gueto disimulado "sin que se note el cuidado", como escribía uno de los pontífices centralizadores de Felipe V.

ARTICLES Sobre la nova llei de política lingüística

Reflexions sobre la nova llei del català

La normalització lingüística del català necessita una nova embranzida, una renovada empenta que ha de ser fruit del consens polític i social. Són necessaris, doncs, i així s'ha fet, el debat, l'acord i finalment el compromís. No ens ha d'espantar que, als extrems de la nostra societat plural, hi hagi sectors marginals però força cridaners que brandin banderes fantasmals i apocalíptiques.

El nostre és un país madur, plural; ple de contradiccions, sí, però també amb seny. És per això que no m'inquieten gens els brots de lerrouxisme que puguin sorgir des de determinats àmbits. La nova llei del català no és res més que una actualització de la del 1983 i per tant s'emmarca necessàriament en el marc constitucional i estatutari vigent. Això vol dir, inequívocament, que es consagra el bilingüisme oficial i es respecta el dret de tothom a usar la llengua que vulgui. Qui presenta aquesta nova llei del català com una agressió als drets dels castellanoparlants està fent lerrouxisme de baixa estofa.

És evident que el castellà, actualment, és la llengua més forta de Catalunya: és l'única de coneixement obligat per a tots els ciutadans, és molt majoritària als mitjans de comunicació, en el món de l'empresa, en l'etiquetatge, en el món judicial... Contràriament, el català, i malgrat certs avenços en camps com l'ensenyament o l'administració local i autonòmica, no té el pes específic suficient per permetre viure a qui vulgui en català. Cal doncs, una legislació que protegeixi el català i que permeti, a qui ho desitgi, emprar-lo davant tothom i en qualsevol situació... Protegir el català no és atacar el castellà. Els catalanoparlants, que sí que som bilingües, sabem la riquesa que comporta dominar dues llengües. És per això que trobo cínic que alguns monolingües castellans, que mai en la vida fan servir el català per a res, vulguin ara presentar-se com a defensors del bilingüisme.

Els catalanoparlants som bilingües, ho volem seguir sent, i en múltiples situacions quotidianes, al cap del dia, hem emprat les dues llengües. Qui troba bo el bilingüisme practica amb l'exemple. Però l'elecció de la llengua mai no hauria de ser fruit del monolingüisme excloent de l'altre: els poders públics han de poder atendre tothom en les dues llengües. Des del jutge fins al policia municipal, el servidor públic ha de poder atendre correctament tant el catalanoparlant com el castellanoparlant. Això passa avui en dia? Per això considero una autèntica burla que algú qualifiqui de discriminadora l'exigència del coneixement de les dues llengües oficials per a treballar al sector públic. ¿Consideren aquests senyors que per a un castellanoparlant és gairebé un acte heroic aprendre català? Per a alguns aprenents de Lerroux, demanar el coneixement del català i el castellà és un atemptat a les classes obreres. Aleshores, demanar el domini de l'anglès per a qualsevol feina què és?

Catalunya ha estat sempre un país obert i integrador i ha acollit els qui, des d'altres terres, han vingut aquí a obrir-se camí. A canvi, només demanem que no se'ns tracti amb mentalitat d'ocupant o amb sentiment de superioritat. El català és una llengua mil·lenària que necessita d'especial protecció per sobreviure: o la parlem aquí o no es parla enlloc. I hi insisteixo: no es tracta de prohibir el castellà, sinó de facilitar al catalanoparlant que pugui viure en català, en tots els àmbits, amb la mateixa facilitat amb que ho fa un castellanoparlant en la seva llengua. Una persona ha de poder anar al jutge o a la policia i poder dirigir-se en català sense tenir la incòmoda sensació que aquella llengua no és ben rebuda.

La convivència lingüística depèn del respecte i del compromís que fem tots cadascú en la mesura de les seves possibilitats, amb la nostra llengua i el nostre país.

Santi Pallàs. Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tarragona i president del Consorci de Normalització Lingüística a Tarragona

AVUI, 08/01/98

La veritat

Em sembla que el senyor Aleix Vidal-Quadras hauria d'estar content. El PP s'oposa a la nova llei de política lingüística, ell mateix ha recuperat una part del protagonisme que tenia quan era president del PP a Catalunya (no de Catalunya) i, a més, ha fet una crida a la desobediència civil tot remarcant, una altra vegada, que els nacionalismes són terribles i perillosos. Té molts altres motius per estar content, el senyor Vidal-Quadras, si més no en matèria lingüística: l'actitud del PP a València i a les Balears, el recolzament indirecte que rep del Foro Babel... Però el contentament del senyor Vidal-Quadras mai no arriba a ser complet perquè és un insatisfet, sempre en vol més, i per això sosté el to aspre i agre, d'aquells que, íntimament, viuen amargats i decebuts.

És evident que la darrera reunió de l'executiva el PP no ha acordat el que l'expresident reclamava, però ell mateix sabia més que bé que no podia ser altrament, i la més elemental lògica política m'estalvia qualsevol comentari. De fet, l'executiva del PP no podia discutir les propostes desestabilitzadores de Vidal-Quadras, i segurament tampoc no podia fer gaire més que oferir-se com a garantia de la convivència exemplar, que en paraules del senyor Fernández Díaz és el tresor més preuat de Catalunya. Són, doncs, les circumstàncies i les conveniències partidistes les que han aconsellat de votar no, dir que es garanteix la normalitat social tot i posar traves a la normalització del català, marginar formalment el senyor Vidal-Quadras i, alhora, fer inaudibles les veus, poques, que dintre mateix del PP a Catalunya aconsellaven una actitud més tolerant.

Com a mínim, doncs, tres posicions diferents: la d'aquells que estarien per l'abstenció o la llibertat de vot, l'oficial del no aprovada per assentiment, i la resistencialista de Vidal-Quadras, absent. Aquesta pluralitat de posicions dintre del PP a Catalunya és d'agrair i, certament, si l'objectiu del no del Partit Popular és, tal com diu Fernández Díaz, mantenir l'actual convivència, és evident que l'executiva no es podia deixar arrossegar per cap provocació d'aires integristes.

Ara, tot i això, tot i l'aparent fracàs del senyor Vidal-Quadras, a mi em sembla que ell hauria d'estar content. Ha aconseguit el no, ha aconseguit ser novament protagonista, no ha estat amonestat pel partit, tal com semblaria lògic després de fer una crida tan brutal a la desestabilització i en contra de les tesis oficials... Potser el senador i expresident volia manifestar la seva alegria quan deia que, finalment, havia triomfat la veritat... Jo, com que haig de confessar que mai no he entès el senyor Vidal-Quadras, no sé què dir, i per molt que m'hi esforci no acabo d'entendre què vol, i no sé a quina veritat es refereix. De fet, en contra d'altres opcions, sóc dels qui encara pensa que, tal com deia Aristòtil, "dir del que és que no és, o del que no és que és, és fals; dir del que és que és, i del que no és que no és, és el veritable".

Jordi Coca. Escriptor

AVUI, 09/01/98

D'un consens, d'una llei

Dimarts de la setmana passada, després de deu mesos de debat al Parlament i al carrer, es va aprovar la nova llei de política lingüística. I tot i que hi ha qui l'ha considerada innecessària i inoportuna, jo crec que ha estat extraordinàriament positiva, perquè s'hi han ventilat algunes de les qüestions centrals en la política catalana i tothom s'hi ha acabat retratant. Fins i tot des d'una perspectiva no partidista, el resultat de la votació final és bo perquè reflecteix un mapa polític plural, en moviment i, sobretot, obert.

El projecte de nova llei de política lingüística és el resultat, en primer lloc, del compromís nacional de la coalició que governa. Per comoditat, el govern es podia haver estat de presentar el projecte, i més quan CiU ja no tenia majoria absoluta. El desgast causat per una política lingüística coixa, feta amb una llei parcialment obsoleta com la de 1983, sempre hauria estat menor que el causat pel debat d'una nova llei i sobretot per les futures dificultats d'aplicar-la. Però hi havia una promesa electoral i un partit que reclamava un gest d'agosarament nacional per part del govern, hi havia la moció aprovada el 1992 pel Parlament, instant a la redacció d'un informe per a l'actualització de la llei de 1983 i, probablement, el govern tenia la necessitat d'una iniciativa política que fes de contrapès a un pacte amb el PP, de mal pair fins i tot per l'entorn nacionalista moderat. Així doncs, la proposta legislativa del govern ha de ser valorada positivament, i més vist el risc que comportava.

Ara bé, la iniciativa del govern naixia amb una autoimposició: aconseguir un consens el més ampli possible. Aquest criteri previ, que respon a la tradicional prudència davant un tema sensible com és el de la llengua, restava molta força negociadora al govern, alhora que el desresponsabilitzava de les futures i previsibles rebaixes en el tràmit parlamentari. A aquesta limitació se n'hi van afegir d'altres nascudes de pressions externes diverses: un sector important de premsa hostil a qualsevol expansió de l'ús del català, uns sectors empresarials refractaris no pas als costos de la normalització sinó a qualsevol hipotètic conflicte que perjudiqui la seva imatge en el mercat espanyol i una intel·lectualitat còmodament instal·lada en un espai de referència cultural espanyol -amb bons suports mediàtics i influència política- i sense ganes de sentir-se lingüísticament inquietada.

Vist tot plegat, el govern de CiU només podia sortir-ne ben parat a base d'aigualir els plantejaments inicials de la llei però preservant un gruix d'avanços suficient que la justifiquessin. És clar que podia haver buscat un consens parlamentàriament més reduït, amb IC i ERC, per exemple. Però aquest suport no hauria compensat ni la irritació dels poders fàctics, ni la campanya que hauria organitzat el PSC, ni la necessitat de comptar amb el PP per aprovar els pressupostos i mantenir la influència a Madrid. CiU ha tornat a fer de la necessitat virtut, tot i que ha comprovat que el gradualisme que practica cada dia té un marge de maniobra més estret.

Ara bé, el govern comptava que el principi del consens a què se sentien lligats, finalment, també acabaria atrapant ERC i, possiblement, el PP. Però no ha estat així, i aquesta és la gran novetat de l'episodi parlamentari que acabem de viure i el fet de més transcendència a mig termini. Fins al punt que, segons quina sigui l'evolució electoral d'ERC, aquest no a la llei pot tenir una significació política més gran i diferent de la que avui mateix s'hi pot veure.

Cal començar per dir que les malèvoles interpretacions que fan equidistants les posicions del PP i d'ERC, com si coincidissin per extremes o s'anul·lessin per oposades, són equívoques perquè es tracta de dos no de lògiques absolutament diferents. El PP, amb el seu vot negatiu, simplement s'ha mantingut fora d'un projecte de país en el qual mai no ha participat, i per tant no s'ha mogut d'on era. El no del PP era la veu extemporània que parlava per boca d'ase, com la del vicepresident del govern central Álvarez-Cascos, que el mateix dia acusava la llei de ser "contrària a l'esperit de llibertat i de convivència". En canvi, ERC sí que s'ha mogut, però no pas enfora sinó que ho ha volgut fer cap endavant -si amb encert o no, el temps ho dirà-. ERC ha optat per un no molt difícil d'administrar de portes enfora i ha fugit d'un sí que l'hauria mantingut en un tot indiferenciat, no menys difícil d'explicar de portes endins. Però, en definitiva, el no d'ERC, el cost polític immediat del qual pot ser elevat, allò que ha volgut posar en qüestió és l'argument de la necessitat de consens davant l'espantall inacabable d'una hipotètica fractura social, i de la qual el nacionalisme que governa sempre s'ha sentit obligat a acceptar-ne, unilateralment, tota la responsabilitat. Per això s'explica que la màxima irritació parlamentària en el debat de la llei la provoqués precisament aquest no d'ERC, i no pas el del PP. El no del PP, malgrat que esgrimia arguments ideològics veritablement impresentables, era políticament inofensiu. El no d'ERC, en canvi, era terriblement molest perquè, partint de la coincidència d'objectius, posava sobre la taula les febleses de tothom. D'altra banda, seria injust que la mala digestió a les files de CiU de la posició d'ERC emmascarés el fet que el gran responsable del no és el PSC, que va forçar les retallades principals de la llei i, per tant, va fer impossible un acord de coherència nacional.

Com deia al principi, per bé que la decisió d'ERC era molt arriscada, el mapa polític que ha dibuixat la votació de la llei és bo. Al capdavall, una llei no és una declaració de principis, sinó una transacció entre interessos diversos. I si es pot dir sense embuts que la nova llei de política lingüística és la millor llei possible que es podia consensuar a l'engròs, el no d'ERC, no només no l'afebleix, ni és una rebequeria pel tot o res, sinó que ha estat el primer pas en el desmantellament del llast d'una pràctica de consens que sempre ha acabat pesant pel mateix costat i perjudicant els interessos del govern. Segons com, l'actual ruptura del consens a les files del nacionalisme polític pot arribar a ser una porta oberta a futurs acords, en la perspectiva d'equilibris electorals diferents dels actuals, i, per tant, l'anunci de nous tipus de consensos nacionalment més coherents.

Salvador Cardús i Ros. Sociòleg i periodista

AVUI, 10/01/98

La llei del català

Alguna cosa s'havia de fer per compensar la ciutadania catalanista del mal efecte creat pel pacte amb l'enemic de sempre, ni més ni menys que amb el PP, el partit polític que havia denunciat la destrucció de la unitat d'Espanya per culpa de l'aliança entre CiU i el PSOE. Per més que l'Honorable feia els comptes un dia sí i un altre també per transmetre el missatge que el pacte amb el PP era una mina, els vianants de la catalanitat no estaven precisament entusiasmats per tan incòmodes companys de viatge. Una part de CiU s'identifica amb la majoria natural fraguista, però sectors quantitativament i qualitativament molt importants, que pertanyen a un complex teixit social molt semblant a allò que abans en dèiem classes populars, encara no s'han empassat això de les noves amistats.

El projecte de nova llei sobre la normalització lingüística neix sota sospita de compensació tàctica, i immediatament provoca l'enfrontament social cultural més greu de tota la democràcia. Aconsegueix la vertebració d'un front bilingüista contrari a la llei i la manifestació sense embuts d'una voluntat monolingüista, si parlem del que és lingüísticament propi o impropi i natural o antinatural a Catalunya. La reacció sembla un assaig general d'escissió social i ofereix l'imaginari del que podria ser una guerra lingüística a fons si els bàndols implicats es proposessin provocar-la, i no està descartat que s'ho proposin. Definitivament, l'acord implícit, prudent o potser timorat, sobre la cohabitació lingüística, s'ha convertit en una correlació de forces i aquesta batalla la guanyarà qui tingui més elements de pressió social i política a favor seu. Totes les crides que es facin a la concertació, per més que la majoria de partits polítics la subscriguin i la ritualitzin, seran crides inútils, perquè s'ha obert la caixa de Pandora i n'ha sortit el monstre de tres caps de la discòrdia.

A partir d'ara funcionarà un comissariat de vigilància permanent dels suposats excessos coactius causats per la llei i s'alimentarà una actitud recelosa per part de la població catalana castellanoparlant, alarmada davant la sospita que el castellà no només és una llengua impròpia a Catalunya, sinó a més no natural. Que el català sigui la llengua pròpia de Catalunya em sembla evident, però aquesta necessària hegemonia de fet i dret no hauria de portar a l'absurda conclusió que el castellà és una llengua impròpia. ¿Com ha de ser impròpia si la parlen milions de catalans? Més complicada és l'aportació teòrica del poeta Comadira quan, en afirmar que el català és la llengua natural de Catalunya, diria una obvietat si no estigués alimentant al mateix temps el negatiu: que el castellà és antinatural a Catalunya.

Complicat concepte el de naturalesa, es prengui com a naturalesa d'un ésser o com la Naturalesa, és a dir, tot allò que té entitat física a l'univers. Des de fa molts segles han estat molt diverses les discussions sobre què és allò natural i on acaba per deixar pas a allò convencional. Crec que afirmar la nostra identitat basant-nos en allò natural és un procediment perillós, ja que cada cop som més conscients que tots els valors que hem creat i ens han ajudat a sobreviure i conviure són convencionals, fins i tot la jerarquia de valors és convencional i historificable, perquè sempre ha depès del consumidor que ha pogut imposar-la o ha hagut de pactar-la. Sigui com vulgui, benvinguda la llei del català perquè, si no per res més, haurà servit perquè Narcís Comadira reivindiqui els productes naturals, lògica tendència en tan exigent gurmet.

AVUI, 19/01/98

La llei de política lingüística i el concepte de llengua pròpia

La llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística és un bon marc per avançar en la difusió del coneixement i de l'ús del català a Catalunya i, per tant, en la igualtat de drets d'oportunitats de tots els ciutadans. També representa una clarificació dels conceptes jurídics que serveixen de base al model lingüístic català que dissenya l'Estatut d'autonomia. D'un d'aquests conceptes, el de llengua pròpia, que té innegables referents simbòlics, en resulten conseqüències jurídiques que donen cohesió al text legal com a instrument de protecció del català. És convenient d'exposar-les.

D'acord amb l'article 3.1 de l'Estatut, l'article 2.1 de la llei qualifica el català com a llengua pròpia de Catalunya i diu també que, com a tal llengua pròpia, singularitza Catalunya com a poble. Per tant només el català és reconegut com a llengua originària, tradicional i històricament arrelada al país, amb l'excepció del territori de la Vall d'Aran.

El preàmbul aclareix aquesta idea tot declarant que "la llengua catalana és un element fonamental de la formació i la personalitat nacional de Catalunya", "la veu original" amb la qual la comunitat lingüística catalana "ha fet al llarg dels segles una valuosa contribució a la cultura universal" i "el testimoni de fidelitat del poble català envers la seva terra i la seva cultura específica".

La llei 1/1998 delimita extensament els efectes jurídics d'aquesta declaració tot fent de la regulació dels usos lingüístics un sistema coherent. Del fet que el català sigui la llengua pròpia de Catalunya, en resulten conseqüències d'abast territorial, institucional i de format.

Des de l'òptica institucional, el català, com a llengua pròpia, és la llengua de totes les institucions de Catalunya, i en especial de l'Administració de la Generalitat, de l'Administració local, de les corporacions públiques, de les empreses i els serveis públics, dels mitjans de comunicació institucionals i de l'ensenyament. Quan la llei regula aquests àmbits, ho fa sempre per establir que en ells s'hi utilitzarà normalment el català.

Des de l'òptica territorial, el català és, a més de la llengua de les Administracions territorials catalanes (Generalitat i corporacions locals) i la de la toponímia, la llengua en la qual la societat tendeix a desenvolupar tota l'activitat i, per tant, la llengua preferentment emprada per les altres institucions de Catalunya (notariat, registres, administració de l'Estat, confessions religioses, institucions estrictament privades amb interès públic, sindicats...) i, també en general, per les empreses i entitats que ofereixen serveis al públic en el territori de Catalunya. Quan la llei considera convenient regular aquests àmbits, ho fa en els termes de garantir-hi la presència del català, sovint amb l'expressió "almenys en català".

Finalment, del concepte de llengua pròpia se'n deriva un mandat a les institucions per raó del qual han de promoure'n el coneixement i fomentar-ne l'ús entre els ciutadans. Per això cal adoptar les mesures necessàries per tal que tota la població conegui el català i el castellà i perquè el català sigui present a tots els àmbits de la societat. I en aquest sentit, la llei preveu tot un seguit de mandats a la pròpia Administració o als particulars per aconseguir una presència significativa de la llengua catalana als mitjans de comunicació escrits, a les emissores de ràdio i de televisió, la producció editorial, les arts de l'espectacle, la cançó, la cinematografia i en general la difusió de la cultura, la informàtica, l'enginyeria lingüística, la publicitat, les activitats laborals i professionals, les esportives, associatives o lúdiques.

D'aquesta manera, el concepte de llengua pròpia, aplicat a la catalana, té el referent simbòlic i polític que equival a dir que és la llengua del país, la llengua nacional. Té, a més, el contingut jurídic necessari per donar coherència interna a la llei de política lingüística en tot allò que representa una actuació de defensa o de foment de l'ús del català.

Finalment podríem dir que el concepte de llengua pròpia és de tipus col·lectiu. Per això afecta sobretot referents que resulten patrimoni de la col·lectivitat: el territori, les institucions pròpies, la difusió cultural, l'ús públic o comunitari. Així, el concepte de llengua pròpia es distingeix ben clarament del de llengua oficial, que l'article 3 de la llei aplica amb plena igualtat al català i al castellà amb eficàcia personal.

El reconeixement del català com a llengua pròpia exigeix que sigui oficial. Si no ho fos, no seria possible el seu ús a l'Administració i als actes jurídics i, per tant, no podria ser emprada amb normalitat a les institucions pròpies ni pels ciutadans. A més a més, per motius polítics i sociolingüístics prou coneguts, la llei de política lingüística, d'acord amb l'Estatut d'autonomia, també declara oficial el castellà, que ho és igual que el català en un règim de doble oficialitat. D'aquesta manera, les dues llengües poden ser emprades indistintament pels ciutadans, no només en les activitats privades (per a això no cal declaració legal), sinó també en totes les activitats públiques, i els actes jurídics fets en qualsevol de les dues tenen, pel que fa a la llengua, plena validesa i eficàcia a l'Administració, a la justícia, als documents públics i als mercantils i en tots els àmbits oficials.

Amb la declaració de doble oficialitat es protegeixen amplíssimanent els drets lingüístics de tots els ciutadans de Catalunya. La llei de política lingüística combina els dos conceptes per tal de conciliar harmònicament el dret individual de coneixement i d'ús de les dues llengües oficials i el dret col·lectiu de conservació, foment i presència pública normal de la llengua pròpia.

Per això podem dir que la llei és una bona eina per avançar en el procés de recuperació pública del català en tots els àmbits i un gran instrument de cohesió social i de promoció de la igualtat dels ciutadans.

Lluís Jou. Director de Política Lingüística.

AVUI, 12/12/97

Normalitzar, fer natural

Al cap de vint anys del Congrés de Cultura Catalana, l'aniversari del qual se celebra aquest cap de setmana en un acte solemne a Barcelona, i en contrast amb les expectatives que aquell esdeveniment va crear, es pot dir que destaquen amb força tant les dimissions polítiques d'alguns partits en relació als compromisos nacionals adquirits llavors, com el caràcter resignat d'una societat catalana conformada amb allò que ja té. I allò que ha aconseguit és, certament, moltes millores materials però no pas el respecte a la seva dignitat nacional, cosa que l'any 1977 tothom estava convençut que havia d'arribar de bracet amb l'increment de benestar econòmic i la democratització general de la societat.

Efectivament, ara som una societat nacionalment resignada a ben poca cosa. I som com som perquè darrere hi ha velles pors molt interioritzades, memòria de fracassos i desamors patriòtics i, sobretot, molts raigs de dutxa escocesa. Però, si bé és cert que tant en aquest terreny de la dignitat nacional com en d'altres de més prosaics seria desitjable que fóssim més exigents, no s'ha de carregar a la resignació tota la culpa de la nostra feblesa, perquè a fora hi ha, allà sí, una militància gens resignada en contra de la nostra presència diferenciada.

Les anècdotes que mostren aquesta combativitat en contra de la manifestació normal dels nostres atributs nacionals són nombroses. Darrerament, per exemple, s'ha explicat el cas d'aquella senyora de la meseta castellana que va trucar indignada al servei al consumidor d'una coneguda marca de productes alimentaris perquè, deia, l'etiqueta del producte també estava escrita en català. Amb sorpresa, qui atenia la senyora va demanar-li que li llegís el text suposadament en català, i davant l'aclariment que allò era portuguès, la senyora, alleujada del disgust, va respondre: "Bueno, eso es otra cosa!"

Potser encara és més significatiu el cas de l'estudi de mercat encarregat l'estiu passat per la Unió Vinícola del Penedès per tal de mesurar els efectes d'un possible etiquetatge en català, perquè il·lustra, simultàniament, les pors atàviques dels d'aquí amb el rebuig irracional dels d'allà. L'estudi, en el fons, estava preparat per aconseguir els efectes volguts prèviament: és a dir, demostrar que l'etiquetatge en català era desaconsellable. Tota l'estratègia interrogadora hi portava indefectiblement, i si les intencions de qui pagava haguessin estat unes altres, no hauria costat gens aconseguir uns resultats ben diferents. L'estudi, fet exclusivament a Madrid amb compradors habituals de vi, i després de preguntar per la simpatia que sentien pels catalans (és a dir, després d'obrir explícitament un debat polític i de vincular-lo gratuïtament amb allò que és la lògica de la compra), demanava què els semblaria que el vi del Penedès anés etiquetat exclusivament en català. Les respostes dels qui ho trobaven malament o molt malament, és clar, arribaven quasi al 75 per cent. Només després de la provocadora pregunta, es demanava quina creien que seria la millor opció per a l'etiquetatge dels vins catalans. Val a dir que, tot i el context d'animadversió que ja s'havia creat, encara van ser majoria els qui suggerien una opció bilingüe, proposada per un 56 per cent en primera opció, i fins a un 76 per cent com a segona opció més ben valorada.

L'estudi, naturalment, no deia res sobre l'opinió dels enquestats en relació al fet que el xampany francès fos etiquetat només en francès, embolicava l'opinió política sobre l'etiquetatge amb els hàbits reals de compra -de preus, ni en parlava- i no posava en evidència que, malgrat l'etiquetatge actual en espanyol, el vi del Penedès a Espanya segueix tenint unes quotes de mercat misèrrimes. Les conclusions, però, es podien endevinar des del principi: es desaconsellava rotundament el canvi en l'etiquetatge tant al català com en l'opció bilingüe.

L'exemple d'aquest estudi deixa clar, doncs, que el problema de la llengua catalana no és, fonamentalment, un problema per al mercat català, sinó, en tot cas, per a l'espanyol, i encara aneu a saber-ho! I que, malèvolament, els arguments es van a buscar en el fet que una etiqueta només en català podria espantar un mercat estantís a Madrid, mentre que l'etiqueta només en castellà no retreu en res el mercat fonamental, que és el català.

Tanmateix, totes aquestes constatacions no suggereixen pas que el problema de la nostra dignitat nacional pugui trobar remei en la provocació d'un estat d'intransigència lingüística i nacional, d'altra banda impossible d'aconseguir, a més de políticament irresponsable, i que encara excitaria més el rebuig exterior i les pors interiors. L'única solució definitiva seria que els catalans disposessin dels atributs polítics propis de l'Estat, de manera que aquests naturalitzessin l'especificitat nacional tant per als de dins com per als de fora. Així, just al contrari de voler provocar les consciències, caldria alliberar-les d'una tensió que ningú no vol. En definitiva: caldria fer per manera que, a Madrid, el català del vi del Penedès els fos tan indiferent com el francès del champagne, i caldria que grans superfícies com Continente, amb qui la conselleria d'Agricultura ha tingut tractes, entre les moltes altres condicions draconianes que imposa als seus proveïdors, hi afegís l'exigència senzilla d'un etiquetatge en la llengua del país. Exactament igual que Caprabo ja ho fa, i sense problemes, exigint el català per als seus sabons i xampús, posem per cas, tant si són fabricats a Màlaga com a París.

La solució de la qüestió nacional, la seva normalització, no es troba, doncs, en la seva exacerbació, convertint-la en un problema incòmode per a tothom, sinó en la naturalització de la seva realitat, gairebé en la seva invisibilització. Però això no es pot aconseguir mentre hi hagi unes estructures polítiques que n'impedeixen la realització.

Fa vint anys, el Congrés de Cultura Catalana es va construir sobre aquest supòsit de la naturalitat d'una reconstrucció nacional, que ningú no pensava que pogués ser una cosa diferent del procés general de democratització i bon govern del país. I la necessitat de recuperar aquesta coincidència és, encara avui, la lliçó que cal aprendre'n.

Salvador Cardús i Ros. Sociòleg i periodista

AVUI, 31/12/97

No a la llei, sí al català

La Constitució espanyola del 1978, promoguda i aprovada per tots els partits catalans llevat d'ERC, establia les bases legals sobre les quals es fonamenta la superioritat jurídica del castellà, considerada única llengua oficial de l'Estat espanyol, en tots els seus territoris, sense distinció dels llocs on era la llengua pròpia d'aquells en què no ho era, perquè ja en tenien una altra. La resta de llengües -quantes? quines?- ni tan sols apareixen esmentades a la Carta Magna espanyola, amb la qual cosa ja queden ben delimitades, d'entrada, les regles del joc en un Estat plurilingüe com el regne d'Espanya. Cap semblança, per tant, amb altres indrets d'Europa, com Suïssa o Bèlgica, on la coexistència de diversos idiomes en un mateix Estat s'ha solucionat d'una manera escrupolosament democràtica, és a dir, igualitària, sense privilegis ni hegemonies per a cap llengua i sí, en canvi, amb els mateixos drets, els mateixos deures i la mateixa consideració per a totes, reservant-los l'hegemonia lògica al territori propi de cadascuna d'elles. Els retòrics oficials del federalisme, o de cert nacionalisme ben entès, ja van perdre allà, a la primera oportunitat que se'ls presentà, els bous i les esquelles de la seva credibilitat política. D'aleshores ençà, la supremacia legal del castellà se situa, sempre i a tot arreu, per sobre del català, el basc i el gallec -i, no cal dir-ho, l'aranès-, idiomes que, a diferència del castellà, el conjunt de la ciutadania no té el deure de conèixer. Hi ha, doncs, dos tipus d'oficialitat lingüística, una de real (la del castellà) i una altra de fictícia (la de les altres llengües), més propera aquesta darrera a una simple despenalització, tolerància o consentiment en l'ús... Amb el pretext constitucional com a coartada, al llarg dels anys, s'ha anat elaborant una normativa que, a través de més de 150 disposicions oficials, imposa l'ús del castellà, de manera obligatòria, a tots els àmbits, produint-se així un desequilibri injust que perjudica les altres llengües.

La llei del 83 és filla d'aquell context i constitueix, però, la primera temptativa legal de normalitzar el català en un seguit d'àmbits, per la via del consens. Aquest darrer, en realitat, no va durar gaire, ja que, poques setmanes després de l'aprovació de la llei, el govern socialista espanyol -al qual pertanyien tres ministres catalans- va presentar-hi un recurs d'inconstitucionalitat en contra. Pel que fa als àmbits d'ús de la llengua, alguns van quedar sense cobertura legal o bé amb una cobertura insuficient. Ara fa 14 anys, per exemple, a Catalunya captàvem tan sols dos canals de televisió i conceptes com el de drets dels consumidors i usuaris de productes o serveis es trobaven encara a les beceroles. Tot l'àmbit socioeconòmic, importantíssim en la societat de consum contemporània, quedava fora de la llei i fora, per tant, de la presència legalment regulada del català. A la pràctica, passava gairebé el mateix amb les indústries de la cultura i els mitjans de comunicació. És per això que calia disposar d'una normativa lingüística nova, adequada a les necessitats del moment, que tragués el català de la inferioritat jurídica en què es trobava i del seu ús més que precari. Així ho reconegué el govern català en un informe encarregat pel Parlament, a proposta d'ERC. I després d'un intent fallit el 93, a començaments d'enguany s'inicià el procés de renovació del marc legal relatiu al tema lingüístic...

Avui el català és extraterrestre en l'administració de justícia -on l'activitat es fa en castellà en el 95 per cent dels casos-, en l'administració estatal uniformada -davant la qual els conflictes per l'ús del català són tan constants com poc denunciats públicament- i en la civil, on si bé la declaració de la renda és bilingüe -no fos cas que ens descomptéssim a l'hora de pagar impostos!- són monolingües en castellà els documents d'identificació personal (DNI, NIF, passaport), les monedes i els bitllets, el Congrés i el Senat -excepte el dia del Domund lingüístic-, etc., etc. El català no figura en cap dels dotze mil productes farmacèutics presents al mercat, fets majoritàriament a Catalunya, com sí que hi figuren el castellà, el francès, l'anglès, l'alemany i fins a una trentena de llengües diverses que podem trobar en tot tipus de productes comprats al nostre país: aliments, begudes, tabac, joguines, cosmètics, electrodomèstics, vehicles, articles higiènics o sanitaris... I, ja en un altre nivell, cinema, vídeo, material informàtic de tota mena, aparells de reconeixement de veu, etc. En fi, en qualsevol àmbit que no tingui una connexió directa amb la Generalitat (Administració catalana, ràdio i televisió públiques i escola bàsica) el català té, a tot estirar, una presència tan testimonial que el fet de trobar-l'hi crida l'atenció pel seu caràcter inhabitual. Com diria el president Pujol, cap llei no n'hi impedeix l'ús. Com diem nosaltres, cap llei no n'hi contempla la mateixa obligació legal que sí que s'estableix per utilitzar-hi el castellà.

Per això és fals afirmar que no hi ha demanda de productes en català, quan en realitat allò que no hi ha és oferta. No és pas que la gent no vulgui veure cinema en català, sinó que no pot veure'n perquè gairebé no n'hi ha. Quan l'oferta ha existit, la resposta per part de la gent ha estat bona o, com a mínim, no ha perjudicat ni afeblit els productes llançats al mercat. I és aquí on hem trobat a faltar, durant disset anys consecutius, una política per part del govern català capaç d'activar entre la nostra població un sentiment general d'autoestima per la llengua catalana, d'orgull pel seu coneixement, de naturalitat en el seu ús, tant per part de particulars, com d'industrials i comerciants, com a mínim entre aquells sectors empresarials més vinculats a la coalició governant. Si d'alguna cosa ha pecat el govern convergent, pel que fa al català, és de deixadesa. La llengua catalana mai no ha estat un tema prioritari, bàsic, fonamental, per a CiU, i per això no va merèixer ni una ratlla en el pacte signat amb el govern espanyol del PP, partit al qual ha estat incapaç de fer passar per l'adreçador en aquest tema, justament perquè no el consideren essencial, com ho demostren, a més, la baixa dotació pressupostària destinada anualment a la normalització lingüística, el no desplegament normatiu d'algunes lleis que haurien permès un cert avenç del català i, malauradament, l'incompliment de les pròpies disposicions governamentals, per part de consellers i alts càrrecs, massa proclius a emprar el castellà en actes oficials, hàbit lingüístic ben poc exemplar per a posar com a model d'ús del català...

Al costat d'aquesta actuació, no deixa de sorprendre la reacció de certes esquerres que, renunciant al tradicional proteccionisme dels poders públics a favor dels més febles -en aquest cas, el català-, defensen ara un ultraliberalisme lingüístic que els fa coincidir en la posició interessada dels grans grups econòmics i dels oligopolis de la comunicació, alhora que cauen en el parany d'apel·lar al perill de fractura social, naturalment només possible cas que avanci el català... En fi, aquesta llei que ja no és ni la llei del català ni una simple llei de normalització lingüística, no modifica la situació d'inferioritat legal i precarietat d'ús de la nostra llengua nacional. És una llei que resumeix la cultura política heretada dels partits de la Transició, a la qual nosaltres hem votat no per no legitimar, per més temps, la injusta situació actual. El nostre no és un no conscient a la resignació, a la docilitat, a l'ambigüitat, a la falsa prudència, al conformisme, a la impotència, als prejudicis, a la por. I és un sí actiu a la claredat, a la coherència, a la il·lusió, al canvi, a la renovació, al començament d'una etapa nova, al futur del català com a llengua viva i de cultura i no a la condemna de parla captiva i provinciana. És el sí a una llengua lliure, normal i completa. Com el país que volem.

Josep-Lluís Carod Rovira. Secretari general d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)